El derecho de petición
 
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Por: José Andrés Bermúdez Sánchez
En vista de las muchas interpretaciones que hemos encontrado en las diferentes ciudades visitadas, referente a los derechos de petición que suelen llegar a los administradores, y la obligatoriedad de dar o no respuesta.

Adjuntamos lo que hasta ahora es un proyecto de ley para reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante organizaciones privadas.

Pues si bien es cierto que el artículo 23 de la constitución lo señala, también es cierto que no se ha reglamentado este asunto, por lo que las demandas por este asunto no prosperan.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY
POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS. ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.



El artículo 23 de la Constitución Política establece:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Es precisamente la reglamentación ante organizaciones privadas la que no se ha expedido, ha tenido que ser la Corte Constitucional que en diferentes fallos ha tenido que llenar este vacío legislativo, precisamente ahí radica la queja constante de que la Corte Constitucional deba llenar estos vacíos por falta de actividad de parte del legislativo, incluso en numerosas sentencias ha hecho la salvedad en el sentido de que por la falta de reglamentación ha tenido que ser por la vía jurisprudencial que se llene este vacío.

JURISPRUDENCIA- Ejercicio del derecho de petición frente a las organizaciones particulares.

“En relación con las organizaciones privadas como sujeto pasivo del derecho de petición el propio artículo 23 de la Carta deja en cabeza del legislador su reglamentación; pero ésta no puede ser entendida como un mandato directo sino como una facultad que el legislador puede ejercer a su arbitrio, y que hasta el momento no ha sido desarrollada. Sin embargo, es importante recordar que esta corporación, de conformidad con al artículo 86 de la Carta Política y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, se ha pronunciado en forma reiterada a favor de la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares encargados de la prestación de un servicio público ( C.P ART. 365), o cuando desarrollan actividades que pueden revestir ese carácter, siempre y cuando exista violación de un derecho fundamental. Ha tenido en cuenta la jurisprudencia, que en estos casos, el particular asume poderes especiales que lo colocan en una condición de superioridad frente a los demás coasociados, y sus acciones u omisiones pueden generar una amenaza o vulneración de uno o varios derechos constitucionales fundamentales que deben ser protegidos en forma inmediata por la autoridad judicial competente” (Corte Constitucional Sentencia T-105 de marzo 12 de 1996, Expediente T-83875 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).






En igual sentido se han expedido por parte de la Corte Constitucional las sentencias T-147 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T- 134 de 1994; T-529 de 1995; T-614 de 1995 M.P. Fabio Moròn Díaz; T-172 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-507 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-530 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-050 de 1995 M.P. Fabio Moròn Díaz; T-118 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara; T-001 de 1998 M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-450 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-985 de 2001 M.P. Ciara Inés Vargas Hernández; y T-374 de 1998 M.P José Gregorio Hernández Galindo.

Precisamente esta es la mejor forma de recuperar el espacio perdido por el legislador al omitir reglamentar sobre esta importante materia y que desde hace once (11) años espera de un pronunciamiento preciso.

El Derecho de Petición, después de la acción de Tutela, se convierte en una de las herramientas jurídicas con que cuenta el ciudadano para lograr hacer efectivo sus derechos, es importante entonces lograr ampliar el marco de actuación de los colombianos frente a entidades privadas en lo que respecta al derecho de petición, por que en buena medida ya la acción de tutela en este mismo aspecto presenta importantes avances así como se ilustro en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No tiene sentido alguno que cuando la Constitución Política cumplió 11 años de expedida todavía el legislador no haya tomado la iniciativa de promover la reglamentación de este artículo 23 referido al DERECHO DE PETICIÓN frente a ORGANIZACIONES PARTICULARES.

Pero para evitar incurrir en errores en cuanto a su trámite este proyecto de ley debe tramitarse como LEY ESTATUTARIA.

EL Capítulo 1 (de los derechos fundamentales), en el Título II ( De los derechos, las garantías y los deberes), de nuestra Constitución Política, en su artículo 23 lo consagra como un derecho fundamental. Igualmente señala los requisitos para su procedencia y el término para que el mismo deba resolverse:

Se trata desde luego de un derecho fundamental, razón por la cual su reglamentación legal debe hacerse o tramitarse conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 constitucional, reproducido materialmente en al articulo 207 de la ley 5ª de 1992. Igualmente el artículo 208 de esta ley, y el artículo 153 de la Constitución Política establecen las condiciones para el trámite de proyectos de ley estatutaria:

1) Deberán expedirse en una sola legislatura.
2) Exigen previa revisión por parte de la Corte Constitucional, luego de ser aprobados por el Congreso y antes de la sanción presidencial.
3) El Congreso no puede conferirle facultades extraordinarias al Presidente de la República, para expedir leyes estatutarias.

Tramitar este proyecto de ley como LEY ESTATUTARIA es evitar lo que sucedió en su oportunidad con lo ocurrido con los artículos 4º y del 382 al 389 de le Ley 600 de 2000, (Código de Procedimiento Penal) porque se cometió el error de tramitar la reglamentación del Habeas Corpus como Ley Ordinaria al respecto en Sentencia C-620 de 2001, Referencia: Expediente D-3157 indicó: Tercero: Declarar INEXEQUIBLES los artículos 382,383,384,385,386,387,388 y 389 de la Ley 600 de 2000, a partir del 31 de diciembre de 2002. El Congreso de la República deberá regular el derecho fundamental de Habeas Corpus y los recursos y procedimientos para su protección por medio de Ley Estatutaria, que deberá expedir antes de la fecha mencionada, esto es, 31 de diciembre de 2002.


De los Honorables Congresistas,





OMAR FLOREZ VELEZ
Representante a la Cámara de Representantes
































PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA No. DE 2004 CAMARA


POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS. ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.



EL CONGRESO DE COLOMBIA


DECRETA:


ARTICULO PRIMERO: El derecho de petición ante organizaciones privadas establecido en el artículo 23 de la Constitución Política procederá en los siguientes casos:

a) Cuando contra quien se hubiere hecho la petición esté encargado de la prestación del servicio público de educación.

b) Cuando contra quien se hubiere hecho la petición esté encargado de la prestación del servicio público de salud.

c) Cuando contra quien se hubiere hecho la petición esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.

d) Cuando la petición fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.

e) Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la petición en ejercicio del Habeas Data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.

f) Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la trascripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.







g) Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas.

h) Cuando la petición sea realizada por quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular. Se presume la indefensión del menor, anciano y del discapacitado que realice la petición

i) Cuando la organización privada desarrolle la actividad bancaria tal como así lo estableció la sentencia de la Corte Constitucional SU-167 de 1999.


PARÁGRAFO: Los términos de subordinación e indefensión a los que se refiere este artículo se deben entender así:

SUBORDINACIÓN: La subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen.

INDEFENSION: Si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico social determinado, sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como la posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate.

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA: La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

Autor;




OMAR FLOREZ VELEZ
Representante a la Cámara
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